La Paz, Baja California Sur.- Tras el brutal enfrentamiento armado que convirtió a Ciudad Constitución en una “zona de guerra” la noche del pasado miércoles, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ha roto el silencio con una declaración que, si bien busca transmitir un mensaje de acción, levanta más de una ceja sobre la percepción oficial de la crisis de seguridad en Comondú y Loreto.
El mandatario confirmó el “encontronazo” entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad en Ciudad Constitución, detallando el fallecimiento de una persona y una mujer herida –una trabajadora de un establecimiento de café, cuyo estado se reporta como estable– sin precisar si fue víctima de fuego cruzado. Aseguró que ya se investiga el origen del grupo criminal involucrado y su posible relación con los hechos violentos que se han venido registrando en la región.
La Crítica al Espejo: “¿Un Mes Investigando?”
Es en este punto donde las declaraciones del gobernador abren la puerta a un análisis crítico sobre la respuesta gubernamental. Castro Cosío afirmó categóricamente: “Ya tenemos un mes investigando, espero que haya resultados, les he pedido a todos en la mesa de seguridad que ya tenemos que dar un golpe, y resultados sobre todo, no puede haber impunidad.”
Esta afirmación, “un mes investigando”, resuena de forma peculiar en una comunidad que lleva meses, y no solo uno, lidiando con una escalada de violencia explícita. La percepción ciudadana, alimentada por constantes balaceras, ejecuciones y el aumento de delitos patrimoniales, es que la crisis de seguridad no es un fenómeno reciente, sino una problemática crónica que ha venido agudizándose sin una respuesta contundente y perceptible por parte de las autoridades.
¿Por qué el gobierno parece “descubrir” la magnitud de la violencia y la necesidad de “dar un golpe” solo después de un enfrentamiento tan mediático y con daños colaterales a civiles, como el que interrumpió incluso un partido de baloncesto? Esta tardía pero enfática reacción oficial puede interpretarse como una respuesta más reactiva que proactiva, dando la sensación de que se actúa con la urgencia que requiere la situación solo cuando la crisis se vuelve innegable.
La sociedad de Comondú ha vivido con “constantes apuros y homicidios dolorosos”, como el propio gobernador lo reconoció. Sin embargo, la insistencia en que “ya es momento de dar un golpe” y de esperar “resultados” después de “un mes investigando”, sugiere que las acciones previas no fueron suficientes o que la gravedad de la situación no fue dimensionada adecuadamente hasta ahora.
Llamado a la Acción vs. Demanda de Transparencia
El gobernador ha pedido al Procurador de Justicia y a los integrantes de la Mesa de Seguridad Estatal intensificar las acciones y reforzar la estrategia. Este llamado es crucial, pero la confianza ciudadana también se construye con transparencia y una narrativa que no minimice la historia de violencia reciente.
La población de Comondú exige no solo que se identifique y castigue a los responsables de los crímenes más recientes, sino una estrategia de seguridad integral y sostenida que aborde las causas de fondo y garantice una paz duradera. La retórica de “no impunidad” es vital, pero debe ir acompañada de resultados tangibles que demuestren que la violencia no es un fenómeno “nuevo” que apenas comienza a investigarse, sino un desafío que el gobierno está dispuesto a enfrentar con toda la fuerza y previsión desde el primer momento.
