La Paz, Baja California Sur.- El ex alcalde de La Paz de Morena, Rubén “N”, ha sido vinculado a proceso por su presunta participación en el cambio de uso de suelo que favoreció al desarrollo inmobiliario Misión Punta Norte durante su gestión. La decisión fue tomada por la jueza Esmeralda León en una audiencia inicial celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal de La Paz.
La jueza determinó que existen elementos suficientes para presumir la comisión de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y coalición de servidores públicos, en agravio del interés colectivo.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de BCS, encabezada por Lenin Ortiz Amao, el cabildo de La Paz, durante la administración de Rubén “N”, aprobó de manera irregular el cambio de uso de suelo del predio denominado “Zacatecas”, una zona de reconocido valor ambiental. Esta aprobación se dio a pesar de que tanto el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) habían emitido dictámenes señalando la inviabilidad del proyecto desde una perspectiva urbana y ambiental.
La Fiscalía sostiene que la anuencia del entonces edil, ahora vinculado a proceso, “se realizó de forma dolosa, con el objetivo de favorecer a intereses particulares, violando la normatividad urbana y ambiental vigente”
Vinculan a Proceso al Ex Alcalde de La Paz
Ex Regidores Corren la Misma Suerte
Junto con el ex alcalde, también fueron vinculados a proceso dos ex regidores que formaron parte del cabildo en aquella sesión de marzo de 2021: Pilar Eduardo “N” y Juan Ramón “N”. Ambos enfrentan los mismos cargos por su participación en la aprobación del cambio de uso de suelo.
En consecuencia, Rubén “N” ha sido formalmente vinculado a proceso por el delito de Uso indebido de facultades y atribuciones en relación con la autorización del desarrollo inmobiliario “Misión Punta Norte”, ubicado al norte de la ciudad capital.
De ser encontrado culpable tras el proceso legal, Rubén “N” podría enfrentar una pena de 3 a 8 años de prisión. Este caso marca un precedente importante en la lucha contra la corrupción y el posible tráfico de influencias en la administración pública de Baja California Sur.
