Corrupción en Contraloría de BCS:
LA PAZ, BCS.- Una grave investigación periodística ha sacudido a Baja California Sur, revelando una presunta red de corrupción y conflicto de intereses en la millonaria obra de la Avenida Nicolás Tamaral en Cabo San Lucas. La acusación principal señala a la Contraloría General del Estado (CGE) de intentar encubrir a funcionarios y familiares de políticos, mientras pretende fincar la responsabilidad únicamente a la compañía que ganó la licitación.
El reportero Gerardo Zúñiga ha documentado el caso, que se extiende por dos años. Ahora, cuando el gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío se acerca a su recta final, la contraloría, a cargo de Rosa Cristina Buendía Soto, parece estar dando un “carpetazo” vergonzoso al exonerar a las figuras clave de este entramado corrupto. La directora anticorrupción de la CGE, Ana Carolina Rosas García, y el director jurídico, Reyes Alfredo Machado García, son señalados directamente por su intento de proteger a los implicados.
La Clave del Caso: un Contrato Violado y Pagos Ilícitos
El escándalo se centra en la adjudicación de la obra en 2023 a la empresa Mood Infraestructura S.A. de C.V. por más de 200 millones de pesos. El contrato estipulaba claramente, en una de sus cláusulas, que la empresa estaba obligada a ejecutar la obra directamente y no podía transferir ni subcontratar la ejecución a terceros. Sin embargo, la investigación periodística reveló que Mood Infraestructura transfirió indebidamente la obra a la compañía RCO Development S.A. de C.V., cuyo representante legal es Freddy Ruvey Martínez Rivera.
Como prueba irrefutable de esta irregularidad, se obtuvieron y entregaron a la contraloría siete facturas emitidas entre mayo y agosto de 2023, que demuestran que la empresa de Martínez Rivera recibió ilícitamente la suma de 71 millones 353 mil 827 pesos con 50 centavos por concepto del anticipo del 30% de la obra, en clara y flagrante violación del contrato original.
Negocio Familiar y Conflicto de Intereses: la Acusación contra la Contraloría
La denuncia ha evidenciado una oscura red de amiguismo y tráfico de influencias que llega a las más altas esferas del poder local. Freddy Ruvey Martínez Rivera es, de manera directa, cuñado del actual alcalde de Los Cabos, Cristian Agúndez Gómez, y del director de la API (Administración Portuaria Integral), Narciso Agúndez Gómez, lo que configura un claro, directo e innegable conflicto de interés que debió ser investigado a fondo por la Contraloría.
Pero la red de influencias no termina ahí. Se señala que la secretaria de SEPUI (Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura, Movilidad, Medio Ambiente y Recursos Naturales), Carolina Armenta Cervantes, cuya subsecretaria es Paulina del Carmen García López, es cuñada del diputado del PT Omar Torres y, además, compadre de Narciso Agúndez Gómez, consolidando lo que el reportero Zúñiga califica como un “negocio familiar redondo” protegido desde las entrañas del gobierno estatal.
El “Carpetazo” de la Contraloría: Impunidad a la Vista: Corrupción en Contraloría de BCS
A pesar de que el expediente CGEPRA 372023 fue formalmente presentado hace dos años, la corrupción en la Contraloría de BCS se hace patente en el sospechoso acuerdo emitido por la CGE. A través de la directora anticorrupción Ana Carolina Rosas García y el director jurídico Reyes Alfredo Machado García, se pretende sancionar exclusivamente a Mood Infraestructura, la empresa que ganó la licitación, dejando convenientemente fuera de toda responsabilidad a los servidores públicos denunciados: Carolina Armenta Cervantes y Paulina del Carmen García López, quienes tenían la obligación de supervisar y velar por el cumplimiento del contrato, así como a Freddy Ruvey Martínez Rivera, el principal beneficiario de la subcontratación ilegal.
Ante esta evidente maniobra para proteger la corrupción, Gerardo Zúñiga solicitó formalmente el aplazamiento de la audiencia programada para este 1 de agosto, exigiendo un nuevo acuerdo que incluya a todas las partes señaladas en la denuncia para garantizar un debido proceso transparente y evitar la impunidad en este escandaloso caso que afecta directamente los recursos públicos de Baja California Sur. La etapa de la audiencia es crucial, y la ausencia de las partes denunciadas viciaría el proceso, actuando en detrimento del denunciante y fortaleciendo la percepción de encubrimiento por parte de la Contraloría General del Estado.
Corrupción en Contraloría de BCS
