La Paz, Baja California Sur.- La gestión de los recursos hídricos en el estado enfrenta uno de sus momentos más críticos ante las crecientes denuncias sobre la operación del llamado Cártel del Agua BCS, una presunta red de tráfico de influencias que involucra a altos funcionarios. En el centro de esta tormenta se encuentra el director local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Julio Villarreal Trasviña, quien ha optado por un hermetismo absoluto frente a señalamientos de enriquecimiento inexplicable, otorgamiento irregular de permisos y conflictos de interés.
Este medio de comunicación acudió directamente a las oficinas de la dependencia federal para solicitar una entrevista con Villarreal Trasviña y obtener su versión oficial sobre estas graves acusaciones. Sin embargo, la respuesta fue un portazo a la transparencia: la solicitud fue rechazada y se prohibió la grabación de video al interior de las instalaciones públicas, evidenciando una política de opacidad ante temas de alto interés social.
El “Cártel del Agua BCS” y la Red de Poder
La denuncia principal gira en torno a la consolidación del Cártel del Agua BCS, una estructura que presuntamente opera bajo el amparo de la asociación civil ACORA. Fundada en 2016 por especialistas técnicos, esta organización ha visto cómo sus miembros ascendieron a puestos clave de poder tras los relevos gubernamentales de 2018 y 2021, copando las instituciones encargadas del agua en la entidad.
La red de vínculos señala directamente a funcionarios de primer nivel:
- Julio Villarreal Trasviña, actual titular de Conagua.
- Lesbia Tatiana Davis Monzón, directora de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
- Mario Gálvez, exdirector del OOMSAPAS La Paz.
- La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero.
- Su esposo, Alberto Camberos, y su padre, a quien diversas voces, incluyendo piperos y ciudadanos, señalan como el presunto líder moral de esta organización.
La sospecha radica en que las decisiones sobre obras hídricas y asignación de recursos no se toman con base en las necesidades de la población, sino en los intereses de este grupo compacto.
Omisión Patrimonial: Los Vehículos de Lujo de Villarreal
Uno de los cuestionamientos más directos hacia el director de Conagua es la presunta omisión en su declaración patrimonial. Investigaciones periodísticas apuntan a que Villarreal Trasviña no ha transparentado la posesión de dos vehículos de alta gama: un Jeep Rubicon y otro automóvil de lujo.
El valor conjunto de estas unidades supera los 3 millones de pesos, una cifra que difícilmente se alinea con los ingresos de un servidor público de su nivel sin una justificación clara. La falta de respuesta sobre el origen de estos bienes alimenta la percepción de enriquecimiento ilícito al amparo del Cártel del Agua BCS.
Permisos Irregulares y Daño Ambiental
Además de las cuestiones financieras, pesan sobre el funcionario acusaciones de índole ambiental. Se le señala por haber facilitado y otorgado permisos para la alteración de cauces de arroyos. Esta práctica es calificada por especialistas como “gravísima”, ya que no solo contraviene la normativa federal de protección al ambiente, sino que incrementa el riesgo de desastres naturales, inundaciones y afectaciones a los acuíferos, poniendo en peligro a las comunidades locales para beneficiar, presuntamente, a desarrolladores o particulares vinculados a la red de poder.
234 Millones de Pesos en la Opacidad
El impacto financiero de estas operaciones es masivo. Se estima que, tan solo durante el ejercicio fiscal del año 2024, se designaron 234 millones de pesos para la ejecución de al menos 12 obras hídricas bajo la supervisión de estos funcionarios.
“No estamos hablando de dos pesos, ni un millón; son 234 millones de pesos los que están volando”, se enfatizó en la denuncia. La falta de claridad en las licitaciones y la asignación de estos contratos a empresas posiblemente vinculadas al Cártel del Agua BCS exige una auditoría profunda y una explicación pública que, hasta el momento, ha sido negada.
El Bloqueo Informativo como Respuesta
La negativa de Julio Villarreal a atender a la prensa y aclarar estos puntos no es un hecho menor; constituye un bloqueo informativo que viola el derecho de la ciudadanía a saber cómo se administran sus recursos naturales y económicos. Al negarse a responder sobre el conflicto de interés, los vehículos de lujo y los permisos en arroyos, el funcionario no hace más que fortalecer las sospechas de que el Cártel del Agua BCS opera con total impunidad en perjuicio de los sudcalifornianos. La exigencia es clara: transparencia total y rendición de cuentas inmediata.
