La Paz, B.C.S.- Un escándalo de corrupción que involucra el presunto desvío de casi 800 millones de pesos en el gobierno de Miguel Barbosa Huerta en Puebla ha salpicado directamente a la administración de Baja California Sur. Bertha Alicia Olvera Palazuelos, actual directora de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFyA) de BCS, se encuentra bajo investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Olvera Palazuelos fue contratada por la titular de la SFyA de BCS, Bertha Montaño Cota. Según un reportaje del Diario Cambio de Puebla, la funcionaria de BCS habría estado implicada en la adjudicación directa de contratos fraudulentos a la compañía Intecproof entre 2020 y 2022, cuando fungía como encargada de despacho de la Dirección Administrativa en la Secretaría de Finanzas y Administración de Puebla.
Contratos Bajo el Ojo de la FGR
El caso se centra en un posible daño patrimonial que asciende a 784 millones 301 mil 262 pesos. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha abierto al menos tres Carpetas de Investigación, una de ellas dirigida contra Bertha Alicia Olvera Palazuelos.
El contrato más señalado es el DABS/GESAD-061-593/SPF/387/2022, adjudicado directamente por Olvera Palazuelos a la empresa Intecproof, representada por Enrique Martínez Córdova, por un monto de 53 millones 592 mil pesos. El concepto del contrato era el “servicio de mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la nube del Sistema de Control Vehicular de la Dirección de Ingresos”.
Las Consecuencias de la Corrupción en Puebla
La investigación de la ASF y el Poder Judicial de Puebla han arrojado consecuencias severas para los funcionarios implicados en aquel gobierno:
- La ex secretaria de Finanzas de Puebla, María Teresa Castro Corro (anterior jefa de Olvera Palazuelos), fue encontrada responsable del desvío de recursos públicos por una inversión fallida en Accendo Banco.
- Se le impuso una sanción económica de 362 millones 997 mil 700 pesos y una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público.
La implicación de una funcionaria con este tipo de antecedentes y denuncias activas en otro estado pone en entredicho los procesos de contratación y la revisión de perfiles dentro de la administración actual de Baja California Sur, y genera un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas.
