Puerto San Carlos, Comondú | Mayo de 2025.- Los exmilitares asesinados en San Carlos han sido señalados erróneamente como criminales, cuando en realidad eran guardias de seguridad. Así lo informó el abogado que representa a las familias de las víctimas del violento ataque ocurrido el domingo 18 de mayo en Puerto San Carlos, donde seis personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida.
De acuerdo con el representante legal, los hombres asesinados eran ex elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en situación de retiro, contratados por una empresa privada de seguridad para custodiar un predio perteneciente a una cooperativa pesquera de la zona. El grupo, compuesto por aproximadamente 11 trabajadores, llegó al lugar el sábado 17 de mayo. Sin embargo, ese mismo día comenzaron a recibir amenazas por parte de presuntos integrantes de un grupo delictivo local.
El enfrentamiento armado se produjo al día siguiente, el 18 de mayo, alrededor de las 13:30 horas. Un comando de civiles armados con rifles de alto poder irrumpió en el lugar, asesinando a seis de los guardias y dejando a uno más gravemente herido. Testigos señalan que la agresión ocurrió de forma directa y sin provocación previa.
“Se trataba de un trabajo lícito. Estaban ahí para brindar seguridad patrimonial, no para enfrentarse a nadie. Todos contaban con permiso legal para portar armas personales, conforme a su condición de retiro del Ejército”, declaró el abogado.
Explicó además que, según la ley mexicana, los elementos en retiro de la Sedena pueden portar armamento para su protección personal, y que todos los involucrados estaban registrados oficialmente. “Es completamente falso que hayan tenido vínculos con alguna organización delictiva. Fueron emboscados mientras realizaban sus funciones de seguridad”, subrayó.
El sobreviviente del ataque, quien fue trasladado en código rojo a un hospital local, ha sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones y actualmente se encuentra en condición estable, con un pronóstico favorable.
La empresa de seguridad para la que laboraban los exmilitares ha estado en constante comunicación con las familias de las víctimas, brindándoles apoyo psicológico, jurídico y económico. Además, ha cooperado plenamente con las autoridades encargadas de la investigación.
Por su parte, las instituciones de seguridad estatal y federal acudieron al sitio tras recibir los reportes del ataque. La zona fue acordonada y se garantizó la seguridad en el traslado de los sobrevivientes al Ministerio Público.
El abogado hizo un llamado enérgico al Gobierno del Estado para reforzar la presencia policial y militar en el sector pesquero de Puerto San Carlos. Señaló que se tienen reportes de que en la zona operan células delictivas que realizan cobros de piso, secuestros e incluso actos de tortura para obligar a pobladores y trabajadores a integrarse a sus filas. “La situación está fuera de control. El Estado necesita actuar de forma decidida para recuperar la seguridad en esta región olvidada”, enfatizó.
El caso de los exmilitares asesinados en Puerto San Carlos, municipio de Comondú ha generado indignación entre diversos sectores de la sociedad sudcaliforniana, que exigen justicia para las víctimas y una investigación exhaustiva que no criminalice a quienes estaban cumpliendo con su labor.
